Desde su implementación en mayo de 2023, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos ha permitido a los Tribunales de Familia gestionar el pago de más de $1 billón 360 mil millones, recuperando hasta la fecha $588 mil millones desde cuentas bancarias, fondos de pensiones e instrumentos financieros de los deudores. Esta ley busca garantizar que los padres cumplan con sus obligaciones, beneficiando a miles de hogares encabezados por madres.
En un acto reciente en el Parque Violeta Parra, en Lo Espejo, el Presidente Gabriel Boric, acompañado de las ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana, y otros funcionarios, destacó el impacto de esta ley: “Políticas públicas bien hechas, con visión de género, pueden cambiar la vida de las personas”, señaló el Presidente al comentar las cifras.
La ley faculta al Estado para perseguir los bienes de los deudores, creando mecanismos efectivos para la cancelación de estas deudas, una estrategia impulsada a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Antonia Orellana, ministra de esta cartera, reconoció el esfuerzo interinstitucional, subrayando la colaboración con el Poder Judicial y el sector financiero para que la ley funcione de manera efectiva. Además, mencionó la importancia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, vigente desde noviembre de 2022, que ha sumado 250 mil deudores y logrado que más del 37% de ellos regularicen su situación, gracias a las sanciones de la nueva normativa.
La ministra Orellana enfatizó que la ley marca el inicio de un cambio cultural que busca avanzar sin retrocesos: “En derechos de las mujeres, no podemos retroceder, solo podemos avanzar”.
Para acelerar los procesos judiciales y mejorar el acceso a estos beneficios, el gobierno destinó $4 mil 328 millones al fortalecimiento de los Tribunales de Familia. Además, se puso en marcha un proyecto piloto en colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, proporcionando asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este programa ha permitido la representación en casi 2,000 casos judiciales, con más de 6,600 gestiones procesales realizadas en tan solo cinco meses.
Esperanza Núñez, una de las beneficiarias de la ley, expresó su alivio: “Yo creo que esta ley ha solucionado la vida a muchas mamás, y eso es algo muy bueno e importante… estas leyes son en beneficio de los niños, que tienen derecho a ser cuidados”.
