El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, presidió la segunda reunión anual de la Mesa Regional de Supervisión Carcelaria, donde se discutieron diversos temas críticos relacionados con la vigilancia y el cuidado de la población penal en los recintos penitenciarios de Magallanes.
La mesa interinstitucional, compuesta por representantes de la Fiscalía Judicial del tribunal de alzada de Magallanes, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería Regional, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, abordó varios temas urgentes. Entre ellos, se destacó el reciente intento de fuga de cuatro internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas y su posterior reubicación en centros penitenciarios del norte del país. También se discutieron las carencias en infraestructura y la necesidad de más profesionales de la salud en los recintos penitenciarios, así como la petición de una mayor dotación de personal.
Tras la reunión, el fiscal judicial Pablo Miño informó sobre la situación crítica en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, que actualmente alberga a 481 internos, tanto condenados como imputados, superando su capacidad. Miño destacó la necesidad de aumentar la dotación de gendarmes y de asegurar la presencia de profesionales de la salud en el recinto para evitar la necesidad de traslados a centros de salud externos.
La reunión contó con la participación de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat; el director regional de Gendarmería, Freddy Molinet; la defensora Penal Pública, Verónica Reyes; la defensora penitenciaria, Priscilla Vásquez; José Miguel Maldonado de la Fiscalía Regional del Ministerio Público; y Cristian Figueroa y Marlys Saldivia.
