Este martes, la Mesa del Sector Público organizó movilizaciones en todo el país en protesta contra un reciente dictamen de la Contraloría General de la República, encabezada por la contralora general Dorothy Pérez. El dictamen establece un cambio en los criterios sobre la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata, generando preocupación entre los trabajadores públicos. En Punta Arenas, representantes y funcionarios de distintos organismos públicos se manifestaron frente a las oficinas de Contraloría en calle Piloto Pardo 507.
Según explicó Mónica Álvarez, coordinadora de la Mesa del Sector Público en Magallanes, hasta ahora se reconocía que los funcionarios a contrata adquirían “confianza legítima” tras dos años en su cargo, lo cual limitaba las causales de despido. "Con este dictamen, se nos despoja de esta garantía, dejándonos expuestos a la arbitrariedad en las renovaciones de contratos en los servicios públicos del país”, expresó Álvarez, quien cuestionó la decisión de Contraloría y consideró que debería ser la entidad que garantice su estabilidad laboral.
Durante la manifestación, los funcionarios entregaron cartas de diversas asociaciones de trabajadores solicitando que se restituya el criterio de la “confianza legítima”, con la cual los funcionarios aseguraban su continuidad laboral sin depender de cambios administrativos arbitrarios.
Además, Álvarez advirtió sobre la posibilidad de que se realicen movilizaciones masivas si no se reconsidera este cambio. “No descartamos salir a la calle, porque vamos a defender este derecho que se nos está quitando, y justamente en el peor momento, cuando estamos a punto de iniciar nuestra negociación anual con el gobierno en temas salariales y laborales,” señaló.
El nuevo criterio preocupa especialmente a aquellos trabajadores de municipalidades donde se anticipan cambios en la administración, ya que, con un cambio de alcaldes de distintas tendencias políticas, el personal a contrata se podría ver afectado.
