El pasado 6 de enero, se presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República en relación con un proceso de licitación llevado a cabo por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes para la contratación de servicios de aseo. Según el documento ingresado, se acusa que el proceso vulneró los principios básicos de una licitación pública, señalando posibles conflictos de interés, falta de integridad y discriminación.
El economista Manuel José Correa, quien realizó la investigación, señaló que la empresa adjudicada no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las bases técnicas del concurso, lo que, según él, debió haberla excluido del proceso. “En este caso, la comisión adjudicó el contrato a un oferente que no cumplía los mínimos requisitos impuestos por las bases de licitación. Esto llama profundamente la atención porque no se están respetando principios esenciales como la transparencia, la no discriminación y la integridad en los procesos de licitación pública”, comentó Correa.
El Seremi de Educación, Valentín Aguilera, indicó que el proceso de licitación se desarrolló conforme a la normativa vigente, destacando que las personas tienen el derecho de presentar observaciones y reclamaciones. “Nuestro equipo jurídico ha manifestado que el procedimiento se ajustó a la normativa. Sin perjuicio de ello, estamos abiertos a que Contraloría realice el análisis correspondiente. Es parte de nuestra labor garantizar la transparencia en cada uno de los procesos”, expresó Aguilera.
Correa añadió que este caso podría ser solo una muestra de un problema más profundo, insinuando la posibilidad de corrupción o nepotismo en el manejo de las licitaciones públicas. “Si una empresa inadmisible es adjudicada, claramente hay un problema. Si este error no se reconoce, podríamos estar frente a la punta del iceberg de algo más grande, como corrupción o cohecho”, señaló el economista.
