La Contraloría General de la República (CGR) ofició a 232 municipalidades del país para que informen respecto a los descuentos en las remuneraciones de los docentes que participaron en paralizaciones. Esta medida, que también fue dirigida a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) la semana pasada, ha generado rechazo y preocupación en el gremio docente, particularmente en la Región de Magallanes.
La presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, manifestó su malestar ante la medida: “Nos pilló de sorpresa y creemos que nuevamente se castiga a los profesores, pese a que están en su justo derecho de manifestarse cuando se ven vulnerados los derechos laborales. Si el Estado cumpliera con garantizar condiciones adecuadas para la educación pública —en infraestructura, recursos y apoyo a docentes y estudiantes— no habría necesidad de movilizarse.”
Desde el gremio se plantea que la medida no solo afecta a los trabajadores, sino que también debilita la educación pública, al restar legitimidad al derecho a la protesta y no sancionar a quienes tienen responsabilidades de gestión y fiscalización del sistema. “Esto ocurre a nivel nacional y una vez más se castiga al trabajador. En lugar de fortalecer la educación pública, se la debilita. Se vulneran derechos fundamentales como el de manifestarse cuando no se cumplen las condiciones mínimas”, agregó Aguilante.
El oficio fue enviado el viernes 6 de junio, y establece un plazo de 5 días hábiles desde su recepción para que las municipalidades entreguen la información solicitada.
A nivel nacional, el Colegio de Profesores evalúa posibles acciones legales y administrativas ante lo que consideran una medida arbitraria y contraria al ejercicio de los derechos laborales.
