Este 11 de agosto marca el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley N.º 21.563, la cual ha revolucionado los procedimientos de insolvencia en Chile, ofreciendo vías simplificadas y accesibles para que personas y micro y pequeñas empresas (MIPEs) puedan enfrentar sus problemas de sobreendeudamiento de manera más efectiva.
El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, al evaluar los resultados alcanzados en este primer año, destacó que "hoy podemos afirmar con orgullo que Chile cuenta con una legislación en materia de insolvencia mucho más moderna, expedita y accesible para los ciudadanos". Subrayó especialmente el aumento significativo en las renegociaciones de deudas, ahora disponibles de manera gratuita para un mayor número de personas, incluidos aquellos que emiten boletas de honorarios, quienes anteriormente solo podían optar mayormente por la liquidación de bienes para saldar sus obligaciones.
Entre agosto de 2023 y julio de 2024, se han solicitado 1.527 renegociaciones de deudas, de las cuales el 66% (1.014 casos) corresponde a deudores que emiten boletas de honorarios, lo que demuestra el impacto positivo de la nueva normativa en este sector.
Uno de los objetivos clave de la Ley N.º 21.563 ha sido facilitar el acceso de las MIPEs a un proceso de reorganización simplificada en situaciones de insolvencia. Según la autoridad, este procedimiento es "más flexible, menos burocrático y más económico en su acceso", lo cual ha sido posible gracias a la intervención de veedores especializados, cuyo costo promedio de administración se ha reducido considerablemente de 400 UF a 100 UF. Este cambio permite que más empresas tengan una segunda oportunidad, preservando empleos y manteniendo la continuidad de la cadena productiva.
La nueva ley también introdujo el procedimiento de liquidación simplificada, diseñado para empresas de menor tamaño y personas que no tienen la capacidad financiera para proponer una reorganización de sus deudas. Este proceso ha reducido significativamente el tiempo de tramitación, de más de dos años a solo cuatro meses en promedio, permitiendo a los deudores volver a insertarse en la economía y acceder nuevamente a productos financieros.
A pesar de los logros alcanzados, el Superintendente Hugo Sánchez reconoció que aún persisten desafíos, especialmente en el ámbito de la educación financiera. "Existe aún un bajo conocimiento del texto legal, lo que dificulta el acceso oportuno a estos procedimientos. Por ello, estamos trabajando en un proyecto de co-creación junto a gremios de MIPEs, universidades y otras instituciones públicas para mejorar la difusión de la ley".
