Con el propósito de orientar a la ciudadanía respecto de los trámites que deben realizar los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, en el marco de la reforma al Código de Aguas, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Punta Arenas, realizarán una jornada de acompañamiento este domingo 12 de mayo, entre las 14:30 y las 16:30 horas, en la Junta de Vecinos Río de los Ciervos, ubicada en Ruta 9 Sur, N°5172.
La actividad, enmarcada en el Convenio de Cooperación entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la DGA, tiene como fin informar a la comunidad sobre los plazos legales vigentes y asesorar sobre el proceso para inscribir los derechos de aguas en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas de la DGA, o iniciar el trámite de regularización correspondiente.
La Directora Regional de Aguas, Lorena Olivares, explicó que el plazo para realizar estas inscripciones vence el 6 de abril de 2027, y llamó a todas las personas con derechos vigentes a anticiparse para evitar sanciones o la caducidad del derecho. “La idea es difundir este trámite en todos los rincones de la región, privilegiando espacios accesibles. Invitamos a la comunidad a participar, despejar dudas y acercarse también a nuestra oficina o usar nuestra plataforma en línea”, destacó la directora.
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, enfatizó la importancia de esta jornada, e informó que la atención será por orden de llegada. Recomendó llevar cédula de identidad y toda documentación disponible como resoluciones de la DGA o del SAG, sentencias judiciales, inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces o registros previos en el Catastro Público de Aguas, si los hubiera.
Los trámites de regularización aplican a personas que poseen derechos no inscritos, que han sido usados de forma ininterrumpida desde antes de octubre de 1976, y que no han sido objeto de sanciones por usurpación. También deben regularizar quienes posean derechos sobre predios expropiados o adquiridos durante la reforma agraria.
La no inscripción de estos derechos puede conllevar la pérdida del mismo, mientras que el no registro en el catastro de la DGA puede generar multas entre $600.000 y $130.000.000.
