Con motivo del segundo aniversario de la implementación de la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio, Suicidio Femicida y sus Familias, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) informó que ya se han entregado 161 pensiones reparatorias a niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus madres producto de femicidios consumados en Chile. Esta legislación representa un hito significativo en la respuesta del Estado frente a la violencia extrema contra las mujeres, ofreciendo no solo apoyo económico, sino también acompañamiento institucional a las familias afectadas.
La ley, en vigencia desde 2023, reconoce un conjunto de derechos y garantías para familiares de las víctimas, incluyendo el acompañamiento durante investigaciones y procesos judiciales, el fuero laboral por un año para mujeres sobrevivientes de femicidio tentado o frustrado, y la ya mencionada pensión mensual para hijos e hijas menores de edad.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el alcance de la normativa: “Esta ley ha significado un paso decisivo en el compromiso del Estado con la reparación, reconociendo el daño profundo e irreparable que deja la violencia femicida, no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias. Por eso, seguiremos avanzando en justicia, prevención y erradicación de la violencia de género a través de herramientas como la futura Ley Integral”.
En la región de Magallanes, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, subrayó la importancia del fuero laboral para las mujeres sobrevivientes: “Esta medida es vital para un adecuado proceso de reparación. Garantiza el derecho a trabajar en condiciones seguras, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad emocional y física. Ninguna víctima puede ser despedida sin autorización judicial, y además tiene derecho a solicitar adecuaciones en sus funciones laborales”.
La Ley de Reparación se enmarca en un esfuerzo nacional por visibilizar y atender integralmente las consecuencias de la violencia de género, y ha sido considerada por diversas organizaciones de derechos humanos como un avance sustantivo hacia una respuesta estatal más justa, empática y efectiva. Su implementación se suma al despliegue de otras políticas públicas orientadas a la prevención, protección y reparación frente a las distintas expresiones de violencia contra las mujeres en Chile.
