En los últimos años, Puerto Natales ha acaparado múltiples portadas, y no precisamente por su turismo o razones positivas, sino por los numerosos casos de corrupción que han salido a la luz. Este problema ha generado una gran preocupación entre los habitantes de la capital de Última Esperanza, quienes ven con desilusión cómo se mancha la reputación de su ciudad.
El primer caso en conocerse fue el “caso luminarias LED”, donde funcionarios de la municipalidad de Puerto Natales habrían favorecido a una empresa para obtener millonarias concesiones para el recambio de luminarias. Entre los imputados se encuentra el exalcalde Fernando Paredes, acusado de cohecho y revelación de secreto.
Otro caso relevante involucra al exdefensor público de Puerto Natales, Rigoberto Marín, quien está actualmente en prisión preventiva por cohecho agravado. Se le acusa de solicitar coimas a sus defendidos para proporcionarles una mejor defensa.
La corrupción también ha tocado al Ministerio Público, con el exfiscal en jefe de Puerto Natales, Cristian Muñoz, recientemente puesto en prisión preventiva por cohecho y revelación de secreto. Muñoz habría recibido dinero para favorecer a imputados y proporcionar información privilegiada en una investigación por drogas.
El 29 de mayo, en una investigación aún en curso, la Unidad de Alta Complejidad de Magallanes junto a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana realizaron entradas, registros e incautaciones en viviendas particulares, dependencias de Carabineros, PDI y la Fiscalía Local de Puerto Natales. Esta operación se llevó a cabo en el marco de una investigación por cohecho y revelación de secreto, presuntamente cometidos por una abogada asistente de la Fiscalía y por funcionarios de la PDI y Carabineros.
La larga lista de casos de corrupción en Puerto Natales ha empañado la imagen de la comuna y ha generado un sentimiento de desconfianza y desilusión entre sus habitantes. La ciudadanía espera que las investigaciones en curso lleven a una limpieza profunda de las instituciones y a la implementación de medidas que prevengan futuros casos de corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza y asegurar un gobierno local justo y eficiente.
