El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, expresó su inquietud frente a lo que considera decisiones irregulares y cuestionables en la administración de algunas instituciones del Estado en la región. Apuntó directamente a los casos del INIA Kampenaike y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), destacando inconsistencias y posibles vulneraciones a los derechos laborales de los funcionarios.
El parlamentario se refirió al caso del director del INIA Kampenaike, Erwin Domínguez, quien fue destituido tras un fallo de la Corte Suprema que confirmó que cometió acoso laboral contra la funcionaria Palmenia Cárdenas Rodríguez. Sin embargo, Kusanovic criticó que Domínguez haya sido reincorporado al INIA como investigador, calificando esta acción como contraria a las políticas institucionales de cero tolerancia a la discriminación y el acoso laboral.
“Resulta inexplicable que alguien destituido por acoso laboral vuelva a ocupar un cargo en la misma institución. Esto contradice los valores que promueve el INIA y genera una señal preocupante para los trabajadores y la ciudadanía,” afirmó el senador.
En otro ámbito, Kusanovic abordó el caso de Gustavo Faraldo, un funcionario con más de 40 años de servicio en el MOP, quien fue acusado de acoso laboral en circunstancias que, según el senador, no justifican la sanción impuesta.
El parlamentario destacó que la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Vialidad del MOP ha señalado irregularidades en el sumario y una sanción desproporcionada. “Estamos hablando de un funcionario con una trayectoria intachable de 45 años. La misma asociación de trabajadores ha alertado sobre fallos en el proceso investigativo. Aquí hay algo que no cuadra,” comentó Kusanovic.
El senador también criticó las declaraciones del Seremi de Obras Públicas, José Hernández, quien afirmó no haber revisado el sumario que resultó en la destitución de Faraldo, pero igualmente declaró su admiración por el funcionario y dio por concluido un proceso sancionatorio que, según Kusanovic, sigue en curso. “Es alarmante la desconexión del Seremi en este tema. Declarar el cierre de un caso con múltiples etapas pendientes no solo es irresponsable, sino que vulnera la confianza en las instituciones,” señaló.
