La directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos, y la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, presidieron la cuarta sesión del Circuito Intersectorial de Femicidios el pasado jueves. La reunión se llevó a cabo en las dependencias del servicio y contó con la participación de representantes clave de diversas instituciones, incluyendo el Servicio Médico Legal, Carabineros, PDI, Fiscalía, Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Durante la sesión, Madlen Rivera, jefa del Departamento de Capacitación y Formación del Servicio de Salud de Magallanes, presentó una propuesta para coordinar una jornada de especialización dirigida a profesionales de la salud a nivel regional. Esta iniciativa busca mejorar la atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, asegurando que los equipos de salud estén mejor preparados para responder con eficacia y sensibilidad.
Pamela Leiva Burgos destacó la importancia de esta capacitación constante: “La capacitación constante de los profesionales de la salud y la coordinación intersectorial son pilares para mejorar la atención y protección de las mujeres en situación de violencia. Esta sesión, además, marca un paso importante hacia la implementación de la Ley Integral de Violencia, que comenzará a ser articulada interinstitucionalmente en diciembre de 2024”.
Por su parte, la SEREMI Alejandra Ruiz Ovando enfatizó la relevancia del Circuito Intersectorial: "El trabajo articulado entre las diversas instituciones es fundamental para brindar una respuesta efectiva y coordinada en casos de violencia extrema. Estamos comprometidas en asegurar que cada sector cumpla con su rol de manera diligente, garantizando una atención oportuna y de calidad a las víctimas y sus familias".
Además de coordinar la jornada de capacitación, la sesión revisó la activación del protocolo del Circuito, enfocado en los últimos casos de violencia extrema y de alta connotación pública. Este protocolo busca fortalecer la respuesta interinstitucional para proteger a las víctimas y asegurar que se tomen las medidas necesarias para la prevención de futuros hechos de violencia.
