En medio del paro indefinido que mantienen las y los docentes del Colegio María Auxiliadora de Porvenir, debido al no pago de sueldos, cotizaciones y descuentos injustificados en sus liquidaciones, autoridades locales han expresado su profunda preocupación y han exigido una pronta solución a la crítica situación que afecta al establecimiento.
El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos, junto al seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, reiteraron la importancia de garantizar los derechos laborales del profesorado y, a la vez, el derecho a la educación de los estudiantes. Ambas autoridades han seguido de cerca este conflicto desde noviembre de 2024, cuando se encendieron las primeras alertas por parte del personal del colegio, denunciando el incumplimiento del pago de sus cotizaciones previsionales.
“El no pago de los sueldos de abril es completamente inaceptable, especialmente considerando que los fondos de subvención correspondientes ya fueron transferidos”, afirmó el seremi de Educación, quien informó que la Superintendencia de Educación fue instruida para fiscalizar los procedimientos administrativos del establecimiento. “Aquí se tomarán todas las medidas normativas del caso, a fin de arribar a una solución”, subrayó.
Por su parte, el delegado presidencial provincial, José Miguel Campos, aseguró que se realizará un seguimiento riguroso al caso. “Velaremos por los derechos de los niños y niñas, así como por los derechos de los trabajadores. Informaremos permanentemente sobre el desarrollo de las acciones y no permitiremos que esta situación continúe afectando a la comunidad escolar”, señaló.
El 5 de diciembre de 2024, docentes y sostenedor firmaron un acuerdo voluntario mediado por la Dirección del Trabajo, que establecía marzo de 2025 como plazo para saldar la deuda previsional. No obstante, en enero y febrero, la Seremi de Educación sostuvo reuniones con la Fundación FIDE XII, entidad sostenedora del establecimiento, quienes advirtieron dificultades financieras y cambios administrativos. En febrero, informaron al sindicato su incapacidad de cumplir el acuerdo debido a litigios laborales que provocaron la retención judicial de fondos.
En abril, la fundación comunicó que el pago total de las deudas tomaría al menos seis meses, ya que no existían mejoras sustantivas en sus ingresos. Posteriormente, a fines de abril, informaron al sindicato que los fondos de subvención habían sido embargados, lo que imposibilitó el pago de los sueldos de ese mes. A raíz de ello, se solicitó una nueva reunión informativa con el sindicato para el 6 de mayo.
Durante todo el proceso, las autoridades de Educación y la Delegación Presidencial Provincial han mantenido diálogos con actores comunales, regionales y representantes de las comunidades educativas. No obstante, el diagnóstico es claro: la situación es insostenible y urge una solución inmediata.
