El concejal de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento sobre las posibles irregularidades en el concurso público para la selección de Directores de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna.
En su solicitud, Becerra indicó que la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) publicó las bases del concurso en enero de 2025 sin someterlas a la Comisión de Salud del Concejo Municipal ni a la aprobación del pleno del Concejo, lo cual vulneraría el artículo 32 de la Ley N° 19.378, que establece la obligación de participación del Concejo en estos procesos.
Además, el edil señaló que el procedimiento contraviene el Dictamen N° 202/7 de la Dirección del Trabajo, emitido el 6 de febrero de 2023, que establece que no se puede realizar un concurso de Directores de establecimientos de salud municipal sin la aprobación previa del Concejo Municipal.
El concejal expresó su preocupación por la falta de transparencia y participación del Concejo Municipal en el proceso, indicando que este se llevó a cabo “entre cuatro paredes”, sin la debida fiscalización.
"Este tipo de procedimientos pueden derivar en situaciones complejas, como la pérdida de acreditaciones, la designación de directores sumariados o la existencia de subrogancias permanentes en los cargos de dirección, tal como ha ocurrido en los últimos tres años," señaló Becerra.
Becerra recordó que el proceso de selección de Directores de CESFAM siempre ha contado con la aprobación del Concejo Municipal, como ocurrió en los concursos de 2017 y 2022, cuyas aprobaciones están debidamente registradas y fueron adjuntadas a su requerimiento ante la Contraloría.
El edil solicitó formalmente a la Contraloría General de la República:
- Que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la Municipalidad de Punta Arenas y la CORMUPA.
- Que determine si la omisión del Concejo Municipal constituye una infracción a los principios de legalidad y transparencia.
- Que, en caso de encontrar irregularidades, ordene las medidas correctivas correspondientes.
