Este viernes se llevó a cabo la Cuenta Pública 2024 de la Corporación Opción en la región de Magallanes, una institución que desempeña un importante rol en la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente en dos ámbitos: protección de derechos y reinserción social juvenil.
Durante la ceremonia, la coordinadora zonal de la Corporación Opción, Lilian Salazar, destacó el trabajo realizado en la región. “Nos hemos reunido para dar cuenta del trabajo que realiza Opción, una institución comprometida con la defensa de los derechos de la infancia, enfocándonos principalmente en los programas de protección y reinserción social juvenil”, explicó Salazar.
El evento contó con la participación de autoridades regionales, entre ellas la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, quien relevó la importancia de la labor colaborativa entre el Ministerio y la Corporación. “Lo que hoy nos convoca es el trabajo en conjunto que hemos desarrollado durante muchos años con Opción, particularmente en la aplicación de medidas a jóvenes infractores. Actualmente, más de 30 adolescentes están siendo acompañados a través de distintos programas, lo que contrasta con los cinco jóvenes que se encuentran en el Centro de Justicia Juvenil. Esto habla del enfoque preventivo y comunitario que se está impulsando”, señaló la autoridad.
Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, valoró el trabajo realizado por la corporación, especialmente en el ámbito del medio libre. “Corporación Opción se adjudicó la licitación pública realizada en diciembre pasado para llevar adelante todas las medidas del medio libre en la región, lo cual es fundamental para avanzar en la reinserción y la seguridad de los jóvenes”, afirmó Montiel.
La ceremonia también incluyó una reseña histórica de la corporación en Magallanes y un repaso de los desafíos que marcarán el trabajo durante 2024. La jornada cerró con un llamado a seguir fortaleciendo las redes de apoyo para niños, niñas y adolescentes que han enfrentado situaciones de vulneración de derechos o conflicto con la ley.
