La Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024. El organismo emitió el Informe Final N°811 de 2025, donde detalla observaciones sobre contratos, rendiciones de cuentas, uso de redes sociales institucionales y control del gasto.
Uno de los focos principales de la auditoría fue la revisión de las transferencias al sector privado, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés y asegurar que los recursos no fueran utilizados en campañas políticas o actividades de promoción personal de las autoridades.
Entre los hallazgos, Contraloría identificó que algunos contratos a honorarios incluían tareas de publicidad, difusión y cobertura periodística orientadas al gobernador regional, además del manejo de sus redes sociales personales, lo que contraviene la finalidad institucional de dichos servicios. En ese sentido, el informe insta a que la difusión se enfoque en las funciones del Gobierno Regional y no en las figuras individuales.
Asimismo, se detectaron anomalías en la aprobación de informes de actividades, donde 25 reportes fueron visados por funcionarios que no estaban designados en los convenios respectivos. Además, 24 informes presentados junto a los comprobantes de pago contenían descripciones genéricas y poco detalladas, sin evidencia suficiente del cumplimiento efectivo de los servicios contratados.
En el caso del Gobierno Regional de Magallanes, la Contraloría constató que durante más de cinco meses se excedió la cuota máxima mensual de 300 litros de combustible asignada al vehículo destinado al traslado del gobernador, sin justificación aparente.
Debido a estos antecedentes, la CGR anunció el inicio de un sumario administrativo en el GORE de Magallanes, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por el uso indebido de fondos públicos y recursos institucionales.
Finalmente, el informe señala que se verificó si los recursos humanos, físicos y tecnológicos, así como vehículos y dependencias institucionales, fueron empleados exclusivamente en funciones propias de los Gobiernos Regionales, sin ser desviados a actividades políticas o electorales. Sin embargo, los hallazgos reflejan una preocupante falta de control en varios de estos ámbitos.
