Un profundo malestar ha causado entre los trabajadores de la Universidad de Magallanes (UMAG) la decisión de no renovar el contrato de 36 funcionarios de apoyo a la actividad docente. La medida, adoptada por la administración universitaria y comunicada por el rector José Maripani a través de un correo electrónico, fue justificada en un “escenario financiero adverso”, según se informó.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la UMAG, Mónica Álvarez, calificó la decisión como arbitraria e injustificada. “Esto no sólo afecta a 36 familias, sino que también quiebra la confianza en la comunidad universitaria. Lo más preocupante es que previamente las autoridades habían asegurado que el Plan de Ajuste no perjudicaría a los trabajadores”, señaló.
Álvarez denunció que los despidos fueron comunicados a través de correos electrónicos en una jornada marcada por incertidumbre, e incluso señaló que los medios de comunicación conocieron la noticia antes que los propios afectados. “Esto demuestra una falta de profesionalismo y agrava innecesariamente las tensiones internas”, afirmó. También advirtió que podrían invocarse disposiciones de la Ley Karin para denunciar esta situación y no descartó la posibilidad de acciones legales.
La movilización de los gremios universitarios busca visibilizar el impacto de esta decisión tanto en las familias afectadas como en la operatividad de la universidad. Los despidos han generado preocupación sobre la continuidad de los servicios de apoyo a la docencia y han abierto interrogantes sobre la transparencia y planificación financiera de la institución.
