Un inmueble comprado por el Gobierno Regional de Magallanes se convirtió en el centro de una denuncia que podría tener implicancias judiciales. El caso, presentado este jueves ante la Contraloría General de la República por parlamentarios y consejeros regionales, involucra al gobernador Jorge Flies, a un juez tributario y a una sociedad donde participa la esposa del gobernador.
La operación, según se detalla en la denuncia, fue aprobada sin licitación pública y sin que el gobernador se inhabilitara. La propiedad, ubicada en Avenida Alessandri, fue adquirida al juez Sergio Vera Aparicio por $797 millones. El inmueble será entregado en comodato como casa de acogida para adolescentes, y su habilitación fue complementada con $432 millones más para su remodelación, alcanzando una inversión total de $1.229 millones en fondos públicos.
Pero lo que más preocupa a los denunciantes ocurrió semanas después: el juez Vera compró una consulta médica por $400 millones a una sociedad en la que la esposa del gobernador tiene un 33% de participación. Para los firmantes, este cruce de operaciones plantea dudas sobre la existencia de un eventual conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.
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La denuncia fue firmada por el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y seis consejeros regionales: Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes. Además de lo anterior, el escrito expone vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas contratadas para la tasación del inmueble, junto a informes técnicos contradictorios y la ausencia de una resolución fundada que justificara la compra directa.
También se apunta a la Contraloría Regional de Magallanes, que habría recibido antecedentes del caso desde septiembre de 2024, pero no habría iniciado acciones fiscalizadoras. Por ello, los denunciantes solicitaron que la investigación sea dirigida desde el nivel central y que, si corresponde, los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público.
“Tuvimos que tener los documentos en nuestras manos para entender el nivel de abuso”
La presentación fue acompañada por declaraciones que reflejan la preocupación de las autoridades firmantes.
El senador Alejandro Kusanovic subrayó la necesidad de una investigación rigurosa, afirmando que "resulta fundamental que cualquier hecho cuestionable sea investigado con rigor, garantizando que no queden dudas sobre su legitimidad o transparencia".
El diputado Christian Matheson, en tanto, enfatizó que "estos casos deben ser examinados exhaustivamente, porque los magallánicos merecen que se esclarezca si los recursos públicos regionales se están utilizando correctamente y, de existir uso indebido de fondos públicos, estos hechos no pueden quedar impunes".
Por su parte, el consejero regional Max Salas agregó, "tuvimos que tener los documentos en nuestras manos para entender el nivel de abuso. Era más fácil creer la mentira de la rectitud que la cruda verdad que hoy revelamos".
