Los sumarios administrativos que se llevan a cabo en el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes por presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas involucran a ocho funcionarios, uno de los cuales ya no pertenece a la institución. Según informó la máxima autoridad regional, ya se han designado fiscales y actuarios encargados del proceso, cuyos resultados podrían conocerse dentro de dos o tres meses.
Este nuevo caso ha generado críticas en el contexto de las investigaciones en torno a la Fundación ProCultura y la Fundación Hernando de Magallanes, por uso indebido de recursos públicos. Al respecto, el consejero regional Rodolfo Arecheta fue enfático en señalar que estos sumarios deben avanzar con celeridad, evitando que queden “dormidos en la burocracia hasta que la ciudadanía olvide”. Asimismo, subrayó que, de comprobarse responsabilidades, las sanciones deben ser ejemplares.
“Estamos ante uno de los hechos más graves de los últimos años. Aquí hay un gasto fiscal importante que bien podría haberse utilizado, por ejemplo, para eliminar listas de espera en nuestros hospitales”, sentenció Arecheta.
En tanto, el también consejero regional Arturo Díaz expresó que, si bien los procesos deben desarrollarse con apego al debido proceso, es crucial que los resultados se conozcan a la brevedad, y que “la ley se aplique con todo el rigor”.
Arecheta también se refirió al caso de la Fundación Hernando de Magallanes, en el que, según un informe de la Contraloría General de la República, se habrían vendido insumos médicos con sobreprecios durante la pandemia, lo que podría implicar responsabilidades penales.
Por su parte, el Gobernador Regional señaló que existe tranquilidad al interior del organismo, aunque reconoció que algunas situaciones podrían implicar faltas administrativas, descartando categóricamente faltas a la probidad. También deslizó que hay sectores que podrían estar instrumentalizando políticamente la situación.
No obstante, los cuestionamientos continúan, en medio de un contexto donde los casos de uso indebido de licencias, sobreprecios en pandemia y convenios con fundaciones han generado un profundo déficit fiscal, afectando la credibilidad institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en Magallanes.
