El concejal de Punta Arenas, Germán Flores, está liderando un proyecto en conjunto con el diputado Carlos Bianchi que busca entregar mayores atribuciones a los municipios y concejos municipales de todo el país para combatir de forma más efectiva las fiestas clandestinas, una problemática creciente en distintas zonas de la ciudad, especialmente preocupante por la participación de menores de edad, el consumo de alcohol y drogas, y la ausencia de medidas de seguridad.
“Lo que buscamos es otorgar mayor amplitud de fiscalización para el control y, ojalá, la erradicación de estos locales clandestinos que han proliferado en Punta Arenas”, señaló el concejal Flores, subrayando que actualmente muchas de estas actividades se desarrollan sin permisos y con cobros de entrada, muchas veces en inmuebles disfrazados de sedes sociales o locales con patentes legales, pero que en realidad funcionan como centros de comercio sexual o tráfico de drogas.
El problema, según explicó, es que las actuales herramientas legales no son suficientes para intervenir de forma oportuna. Por eso, el proyecto busca permitir que alcaldes o concejales puedan presentar denuncias formales por oficio, generando así una vía más expedita para iniciar procedimientos judiciales o administrativos.
Uno de los ejemplos más recientes fue una fiesta clandestina en una sede social del barrio Croata, donde participaron menores de edad y que debió ser evacuada por Carabineros. Este tipo de casos, indicó Flores, se repite con frecuencia en distintos puntos de la ciudad, muchas veces en locales abiertos las 24 horas del día.
“La comunidad nos lo dice constantemente. Nos paran en la calle para denunciar estos lugares donde hay presencia de alcohol, drogas y comercio sexual, muchas veces sin ninguna fiscalización. Lo que buscamos es avanzar en un proyecto que no solo regule mejor estos espacios, sino que nos dé herramientas concretas para intervenir, fiscalizar y cerrar estos puntos clandestinos que afectan la seguridad y tranquilidad de los barrios”, puntualizó.
Con este proyecto, se espera no solo una regularización de espacios, sino también una fiscalización más rigurosa, con el objetivo de proteger especialmente a los menores de edad y recuperar los barrios que hoy se ven afectados por estos eventos ilegales.
