Chile ha sido testigo recientemente del desistimiento de importantes proyectos de inversión, tanto nacionales como internacionales, debido a la incertidumbre legal y la lentitud en la obtención de permisos. Colbún y Google son solo algunos de los ejemplos que evidencian el creciente malestar entre inversores extranjeros y nacionales, quienes optan por trasladar sus capitales fuera del país. Este es el caso de la CMPC, que ha preferido desarrollar proyectos en el extranjero ante las trabas en Chile.
En la región de Magallanes, la situación cobra especial relevancia, ya que existen nueve megaproyectos de hidrógeno verde que representan una inversión de 60.000 millones de dólares. Estos proyectos no solo podrían transformar la economía local, sino también impulsar la formación de trabajadores en nuevos oficios, aumentar la cantidad de puestos laborales y generar un impacto positivo en sectores como el transporte y la alimentación.
Sin embargo, Christian Matheson, diputado por Magallanes e integrante de la Comisión de Economía, expresó su preocupación por el futuro de estos proyectos. Según el parlamentario, las dificultades y observaciones que han recibido las iniciativas presentadas al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) ponen en riesgo su concreción. "Veo con preocupación la instalación y concreción de los megaproyectos de hidrógeno en la Región de Magallanes", afirmó Matheson.
El diputado destacó un caso emblemático que ilustra la situación. En Antofagasta, el director del SEA fue removido, el tercero en ocupar ese cargo en los últimos años, y su gestión tuvo como consecuencia que Colbún desistiera de una inversión de 1.400 millones de dólares. "Yo no quiero que esto ocurra en Magallanes", señaló.
Matheson también recordó que, desde el inicio de los anuncios sobre los proyectos de hidrógeno verde, solicitó que la Comisión de Minería y Energía sesionara en Punta Arenas. En esa sesión estuvieron presentes representantes de las empresas involucradas, además del ministro de Energía, Diego Pardow, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien participó de manera remota. En ese contexto, se advirtieron los problemas de retrasos y trabas para el avance de los proyectos.
El parlamentario fue enfático al aclarar que no está en contra de los procesos de observación y fiscalización. Sin embargo, advirtió que, si el sistema continúa operando de la misma manera, varios proyectos clave para la región podrían caerse. "No se trata de no fiscalizar, pero hoy en día existen proyectos en otras partes del país que han estado en trámite más de 10 años. Esto, además de ser una vergüenza, confirma que el propio Estado está frenando la inversión", concluyó Matheson.
