La Superintendencia de Educación (Supereduc) de la región de Magallanes ha anunciado que iniciará una investigación de oficio tras un violento incidente ocurrido el pasado miércoles en las afueras del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez de Punta Arenas. El hecho, que involucró a estudiantes y apoderados, ha generado preocupación en la comunidad educativa.
Según el reporte policial, un alumno de 16 años fue agredido con la hebilla de un cinturón, y la madre del adolescente, al intentar denunciar la situación, también fue atacada por miembros del grupo familiar del agresor.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que actúa como sostenedor del establecimiento, expresó su rechazo a la participación de adultos en el altercado y condenó la afectación que estos hechos han tenido sobre la comunidad escolar, incluyendo amenazas dirigidas a funcionarios del liceo.
Ignacio Gallardo, director regional de Supereduc, informó que se revisará si el liceo activó los protocolos necesarios ante situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia. "Si se detectan indicios de incumplimientos, se fiscalizará el recinto educativo y, de confirmarse las infracciones, se abrirá un proceso administrativo que podría derivar en amonestaciones, multas en UTM u otras sanciones que contempla la ley", señaló Gallardo.
Además, la Supereduc abordará el caso en colaboración con otras instituciones, en el marco de una mesa técnica denominada "Espacios Protegidos", convocada por la Seremi de Educación, con el objetivo de evaluar apoyos a la comunidad educativa afectada por estos hechos de violencia.
Gallardo recordó que los establecimientos educativos tienen la obligación de implementar estrategias para promover la buena convivencia y prevenir actos de violencia. "La normativa educacional establece que la responsabilidad de la seguridad y bienestar de los estudiantes recae en las entidades sostenedoras y en el deber de resguardo que cumplen los profesionales a cargo de su supervisión", afirmó.
Asimismo, enfatizó que, cuando se produce una situación de maltrato entre estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa, el establecimiento debe activar el protocolo respectivo, que debe estar incluido en su reglamento interno y cumplir con los contenidos mínimos establecidos por la normativa educacional.
