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Proyecto de ley busca que el año 2021 no sea obligatorio el uniforme escolar

 

 

 

Un reciente proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca establecer que en 2021 los establecimientos educacionales no podrán obligar a los estudiantes a usar uniformes escolares, como indumentaria distintiva. Así, indica la iniciativa, los padres, madres y/o apoderados podrán elegir el tipo de vestimenta que utilizarán sus hijos para el acceso y permanencia en el establecimiento educacional. La justificación para el proyecto descansa en las devastadoras consecuencias económicas que está provocando la pandemia, por lo que se busca aliviar el gasto de las familias. Adicionalmente, la moción también establece que a partir de 2022 las comunidades escolares decidirán cuál es el tipo de vestimenta que se utilizará por parte de los estudiantes, donde el Consejo Escolar deberá aprobar la opción que decida tener la comunidad escolar.

Es dudoso que una iniciativa como ésta vaya en ayuda de las familias, cuando lo previsible es que el no uso de uniforme precisamente incentive un mayor gasto en vestimenta, sin que pueda existir mayor control sobre marcas y precios, a diferencia de lo que ocurre hoy, en que los establecimientos que utilizan uniformes no pueden obligar a comprar con un proveedor determinado ni exigir marcas.

En los fundamentos del proyecto se invocan los ejemplos de Alemania, Suiza o Finlandia como modelos educativos que no exigen uniforme. Sin embargo, se pasa por alto los abundantes casos de países que hacen obligatorio su uso o bien donde parte de los colegios públicos sí los utilizan. No hay por tanto un criterio único en la materia, pero parece razonable que todo aquello que desincentive actitudes discriminatorias y promueva la integración de la comunidad escolar será siempre un camino preferible.

Aun cuando hay voces que atribuyen al uniforme una forma de imposición a los alumnos y una coartación a su libertad de expresión, la gran virtud del uso de una indumentaria estándar sigue siendo que reduce el riesgo de que aquellos alumnos que provengan de familias socieconómicamente más vulnerables se sientan menoscabados o puedan ser discriminados; ello reduce el estrés sobre alumnos y familias, permitiendo que puedan focalizarse mejor en el proceso educativo, sin obviar que además el uso de uniforme puede potenciar el sentido de pertenencia y fomentar sanos hábitos de disciplina, algo clave en un proceso formativo.

El uso de uniforme escolar es un debate de amplias repercusiones y profundidad, por lo que cabe lamentar el simplismo con que esta materia es abordada en el proyecto de ley. Por lo demás, es cuestionable que pretenda interferir en una materia que ya está normada en nuestro ordenamiento, y que deja la decisión última en las familias. Si bien en Chile el uso de uniforme fue obligatorio a partir de la década de los 50, con el paso del tiempo ello se ha ido flexibilizado, y hoy en día su obligatoriedad está entregada a las normas que establezca el reglamento interno de cada establecimiento, acordadas con toda la comunidad educativa. También cabe recordar que aun cuando se determine como obligatorio, ningún estudiante puede ser sancionado con la suspensión o expulsión por su no uso.

La Tercera

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