A través de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del senado, el parlamentario oficio al GORE y al MINVU, para recabar antecedentes que motivaron la aprobación del cuestionado Reglamento.
Preocupación ha manifestado el senador Alejandro Kusanovic, tras reunirse con representantes de agrupaciones de viviendas de Punta Arenas y que presentaron recientemente un recurso de protección en contra del gobernador Flies y el Gobierno Regional, ello tras aprobar el Reglamento de Programación 2021- 2027, de “Atención Territorial Integrada de Magallanes”, correspondiente al convenio suscrito por el Gobierno Regional con el Minvu, y que tiene por objeto unir esfuerzos, concretar acciones y coordinar inversiones para entregar soluciones habitacionales, a fin de garantizar el acceso de todos los habitantes a beneficios que impactan directamente en su calidad de vida.
En la instancia, los representantes manifestaron al senador por Magallanes que “el sueño de la casa propia se está transformando en una pesadilla”, esto después que el Consejo Regional aprobará el Reglamento del Convenio, y que a su juicio establece condiciones y requisitos más allá de lo exigido por las actuales leyes, las que se exigirían solo para habitantes de esta región, acusando una clara discriminación arbitraria en su contra. Por lo que habían presentado un recurso de protección, el que fue recientemente admitido a tramitación por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Además, hicieron presente en el encuentro, que los nuevos requisitos que se fijaron para su composición estarían en la práctica, obligándolos a disolverse, a fin de poder ajustarse a los nuevos requerimientos y obtener el cofinanciamiento del Gobierno Regional, aun cuando las agrupaciones están legalmente constituidas hace años”.
Ante esta situación, el senador Kusanovic planteo en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del senado su preocupación y la necesidad de revisar el marco legal vigente sobre la materia, oficiando a su vez al Gobierno Regional y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para requerir los antecedentes que habrían motivado la dictación del cuestionado Reglamento. Concluyendo el parlamentario que, si bien el caso se encuentra hoy en manos de la Corte de Apelaciones, “no solo es un mal reglamento, sino que además una tremenda injusticia, ya que se exigen nuevas condiciones para las agrupaciones que están conformadas hace años, y que siguen esperando la anhelada vivienda propia”.
