Tras un arduo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó a tecer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocido como Ley Naín - Retamal.
En la primera etapa se aprobó la idea de legislar de la iniciativa por 40 votos a favor y 5 en contra . La discusión y las votaciones fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones del 18-O, familiares de detenidos desaparecidos; así como de las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal; los familiares de la Sargento de Carabineros, Rita Olivares, todos asesinados en el marco del cumplimiento de sus labores, así como representantes de organizaciones de apoyo a la policía uniformada.
Al término de la votación el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, valoró el trabajo desarrollado por los distintos sectores políticos, en la Comisión de Seguridad Pública y al Ejecutivo “porque cuesta llegar a acuerdos, hay que tener coraje y creo que la propuesta recoge el espíritu de la ley Naín y ley Retamal, es decir, un mayor cuidado a nuestras policías y fuerzas de orden y seguridad”. “Esto nos va a permitir, junto a otras leyes, que ya se han ido aprobando en la agenda de seguridad, ir avanzando en nuevas herramientas para el combate a la delincuencia”.
Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Felipe Kast, quien entregó los alcances de la iniciativa y los cambios que se le hicieron en dicha instancia. En tal sentido, señaló que la idea es "entregar certezas jurídicas y garantías respecto del actuar de las FF.AA. y de seguridad".
Entre los argumentos esgrimidos a favor de la iniciativa se mencionó que ésta "otorga herramientas al Estado para asegurar el orden público" y permite que "las policías puedan cumplir sus labores de orden y seguridad con mayores certezas jurídicas".
No obstante, en el sentido contrario, hubo senadores y senadoras que advirtieron que existen "inconsistencias" en la iniciativa y un tratamiento "confuso" en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, por lo que plantearon "resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial".
Legítima defensa
Por 42 votos a favor y 3 abstenciones se aprobó la nueva redacción de la norma que regula la legítima defensa en el Código Penal, acotando la presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
En ese sentido, la ministra Tohá precisó que “la aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad excepto que haya dolo”.