Este viernes 23 de agosto, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó la resolución que mantiene las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en contra del general (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Eduardo Mosqueira, y los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti, y Alan Asenjo Contreras. Los imputados enfrentan cargos como presuntos autores de cuasidelito de homicidio en relación con el accidente aéreo del avión Hércules C-130, que cayó al mar en ruta a la Antártica en diciembre de 2019, resultando en la muerte de 38 personas.
La Primera Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros María Isabel San Martín Morales, Marcos Kusanovic Antinopai, y Caroline Turner González, confirmó por unanimidad la resolución impugnada, respaldando los argumentos presentados por el juez de Garantía de Punta Arenas, Franco Reyes Pozo. Según la resolución, las cuestiones de fondo presentadas por las defensas deberán ser resueltas en un tribunal competente cuando se formule la acusación, y no se ha presentado evidencia que justifique un cambio en las medidas cautelares actuales.
El fallo reafirma la necesidad de mantener las medidas cautelares debido a la complejidad del caso y la baja intensidad de las mismas, sin apreciar un perjuicio real o efectivo para el derecho a defensa de los imputados. Por ello, el tribunal concluyó que no había lugar para levantar las medidas cautelares y ordenó su continuidad.
El accidente ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando la aeronave Hércules KC-130, designada como “Corvo” por la FACh, se estrelló en el Mar de Drake durante un vuelo hacia la Antártica. Según la formalización presentada por el Ministerio Público en febrero de 2023, los oficiales Ojeda Puig, Mella Bertetti, y Asenjo Contreras habrían omitido medidas necesarias para corregir prácticas irregulares en la asignación de especialistas electrónicos a las misiones. La ausencia de un especialista en instrumentos electrónicos habría contribuido a una incorrecta manipulación de los indicadores de combustible, lo que, sumado a la introducción de corriente de alto voltaje en los tanques, habría provocado el colapso de la aeronave.
Además, el general (r) Mosqueira Cruz fue imputado por no implementar un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos bajo su jurisdicción. El Ministerio Público argumenta que, de haberse realizado las acciones de supervisión adecuadas, el Hércules KC-130 no habría despegado, evitando así la tragedia.
