El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó este miércoles un veredicto condenatorio contra cuatro exejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral, incluyendo a su exgerente general y exgerente regional, por su responsabilidad en delitos relacionados con contaminación de aguas y presentación de declaraciones juradas falsas ante autoridades administrativas.
No obstante, el tribunal absolvió a los acusados del delito de fraude a la Ley Navarino, una de las aristas más sensibles del proceso judicial, en la cual la Fiscalía solicitaba penas que superaban los 11 años de presidio y más de 29 mil millones de pesos en restituciones. También fue rechazada la demanda civil, que aspiraba a una compensación de 50 mil millones de pesos. “No hubo fraude a la Ley Navarino”, fue una de las primeras afirmaciones del juez al iniciar la lectura del fallo.
Según explicó el fiscal Sebastián González, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público en torno a los delitos ambientales, señalando que entre 2016 y 2019, los ahora condenados introdujeron arena y productos químicos en los centros de cultivo ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini, con el fin de encubrir la contaminación causada por la sobreproducción de salmones.
También se acreditó la falsificación sistemática de informes de mortalidad y sobresiembra, entregando información falsa a Sernapesca y Subpesca, lo que permitió a la empresa operar por fuera de los límites legales establecidos. “Estos hechos —que se remontan a los años 2016 a 2019— son de la mayor gravedad, y han quedado acreditados en juicio”, afirmó el fiscal González. “Este fallo valida plenamente nuestras pretensiones: se comprobó un daño ambiental significativo, producto de una operación fuera de norma, encubierta con declaraciones falsas”.
Cabe recordar que en enero de este año, el exgerente de Producción ya había sido condenado por hechos similares: contaminación de aguas y fraude de subvenciones.
Tras conocerse los antecedentes de estos hechos, Nova Austral reestructuró completamente su plana ejecutiva y, a raíz de un proceso de reorganización judicial, cambió de dueños y directorio en septiembre de 2024. Actualmente, la empresa cuenta con nuevos accionistas, un management distinto y ha fortalecido sus controles internos y buenas prácticas, según fuentes cercanas al proceso.
La lectura de sentencia será realizada en los próximos días, momento en el que se conocerán las penas definitivas que deberán cumplir los exejecutivos condenados. Aunque los delitos ambientales y de falsificación fueron acreditados, se estima que las sanciones económicas estarán muy por debajo del monto originalmente solicitado por la Fiscalía en las causas de fraude, de las cuales fueron finalmente absueltos.
