Este viernes, el Tribunal de Familia ordenó arresto nocturno por cinco días en contra de Erick Amigo, director regional de “Mejor Niñez”, debido al incumplimiento de una orden judicial emitida en noviembre de 2024. La resolución instruía al organismo a costear el traslado y tratamiento especializado en Santiago para una joven de 17 años con un diagnóstico psiquiátrico complejo, ya que en la región de Magallanes no existen los recursos necesarios para abordar su caso.
La madre de la afectada ha solicitado durante meses el cumplimiento de esta sentencia, enfatizando que la salud de su hija empeora cada día. Según su abogado, Robinson Quelín, la sentencia del 26 de noviembre de 2024 dispuso el traslado de la adolescente desde el Hospital de Punta Arenas a una clínica privada en Santiago para recibir atención especializada en salud física y mental.
“La sentencia fue clara. Es indispensable que la joven reciba el tratamiento especializado debido a la complejidad de su diagnóstico, y este no puede ser entregado en la región”, señaló Quelín tras la audiencia.
Durante la audiencia, se reveló que uno de los principales impedimentos para el cumplimiento de la sentencia es una millonaria deuda que "Mejor Niñez" mantiene con la clínica privada en Santiago, lo que ha llevado a la institución de salud a negarse a evaluar el caso de la joven hasta que la deuda sea saldada.
La madre expresó su frustración por esta situación: "No es justo que mi hija siga sufriendo porque ‘Mejor Niñez’ no resuelve sus problemas financieros. Ofrecieron opciones que ya se habían intentado antes y no funcionaron. No voy a parar hasta que ella reciba el tratamiento que necesita urgentemente”.
La familia afectada continuará tomando medidas legales para garantizar que se cumpla la orden judicial y la menor reciba la atención necesaria. El abogado de la madre afirmó que este fallo del tribunal es un paso más para que se concrete el traslado en el menor tiempo posible.
Tras conocerse la decisión del tribunal, "Mejor Niñez" emitió un comunicado en el que aseguraron que están trabajando para resolver la situación: "Estamos comprometidos con garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes bajo nuestra protección. Lamentamos los inconvenientes y seguimos evaluando alternativas que permitan cumplir con las disposiciones judiciales”, indicaron en la declaración.
Sin embargo, la comunidad sigue atenta al desarrollo de este caso, que ha puesto en evidencia las dificultades administrativas y financieras que impactan directamente a las familias más vulnerables.
