La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó un fallo emitido por el tribunal laboral de esa ciudad que condena a la Municipalidad de Puerto Montt al pago de 20 millones de pesos por maltrato laboral, ocurrido cuando el actual Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones en Magallanes, Óscar Valenzuela Meza, se desempeñaba como jefe de unidad en el DAEM local.
El tribunal estableció que Valenzuela incurrió en hostigamientos reiterados, principalmente verbales, en contra de una trabajadora que había sido contratada por orden directa del exalcalde Gervoy Paredes, en agradecimiento a su colaboración en campañas electorales. La víctima denunció, además, que Valenzuela se jactaba de su militancia política, generando un entorno laboral hostil y degradante.
A juicio del tribunal, la Municipalidad no adoptó las medidas necesarias para frenar esta situación, por lo que se responsabilizó al DAEM y a la administración comunal de la época. Esta condena se suma a otra de marzo de 2024, en la que también se obligó al municipio a indemnizar a una exfuncionaria por maltrato laboral vinculado al mismo funcionario.
Lo que agrava esta situación es que, pese a estos antecedentes judiciales, Valenzuela Meza fue nombrado como Director Regional de Migraciones en Magallanes, a través de un concurso de Alta Dirección Pública (ADP), que supuestamente garantiza perfiles profesionales con probidad intachable.
El proceso de selección, que involucra evaluaciones técnicas y psicolaborales, entrevistas y validación por parte del Servicio Civil, no consideró —o no informó— esta condena laboral ya vigente. Incluso, medios como Radio Reloncaví alertaron que su nombramiento ocurrió cuando ya existía un proceso judicial en curso.
A esto se suma un preocupante comportamiento en redes sociales: tras la publicación del fallo, la página oficial del Servicio Nacional de Migraciones en Magallanes habría eliminado comentarios que mencionaban el caso, lo que refuerza la percepción de censura y falta de transparencia institucional.
Valenzuela, además de ejercer como autoridad regional, mantiene una presencia mediática como “analista político” en emisoras como Radio Sago, lo que amplifica su visibilidad pública. Sin embargo, esta exposición contrasta con el silencio institucional y mediático respecto a su historial judicial.
Este caso no es aislado. Otras direcciones regionales del Servicio Nacional de Migraciones han enfrentado crisis similares:
- Sebastián Aguirre, exdirector en O’Higgins, renunció tras una intervención de la PDI.
- Eduardo Contreras, exdirector en Antofagasta, fue removido en medio de denuncias por acoso laboral.
Estos antecedentes abren serias interrogantes sobre la efectividad y transparencia del sistema de Alta Dirección Pública. ¿Cómo se justifica que concursos públicos validen perfiles con antecedentes judiciales? ¿Qué responsabilidad tienen las consultoras privadas y el Servicio Civil en el control de antecedentes? ¿Cuál es el costo de mantener este sistema si no garantiza liderazgo ético?
El proceso de selección de directores ADP implica altos costos para el Estado, desde la publicación de bases, contratación de consultoras, evaluaciones, traslados e incluso asignaciones especiales por zonas extremas, como Magallanes. Esto exige estándares mucho más rigurosos, especialmente en casos donde existen antecedentes judiciales comprobados.
La designación de Valenzuela en Magallanes también resucita críticas históricas: el uso de regiones extremas como zonas de silencio, donde se “protege” a figuras con cuestionamientos. Una práctica que la ciudadanía rechaza, pues Magallanes no puede seguir siendo un destino para esconder problemas políticos o éticos.