La jueza Paula Stange Kahler declaró admisible la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a favor de los cuatro reclusos que intentaron fugarse del Complejo Penitenciario de Punta Arenas el pasado 21 de agosto. La acción legal beneficia a Rodrigo Lara Aguilar, Enrique Villarroel Cárcamo, David Lugo Martínez y Raúl Ampuerto Miranda, quienes, según el INDH, fueron víctimas de apremios ilegítimos tras ser detenidos por Gendarmería.
La jueza resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público, encargado de llevar adelante la investigación, y ordenó notificar al director regional de Gendarmería de la querella. La acción penal está dirigida contra todos aquellos que resulten responsables como “autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
El intento de fuga ocurrió la noche del 21 de agosto, cuando los cuatro internos fueron sorprendidos por el personal del Circuito Cerrado de Televisión del penal, mientras se encontraban cerca de la línea de fuego. Ante esta situación, personal de Gendarmería, tanto uniformado como de civil, intervino para frustrar la evasión.
Según la querella, tras realizar varios disparos para detener el escape, los internos fueron inmovilizados y trasladados de vuelta al interior del recinto. No obstante, ya esposados y sin capacidad de oponer resistencia, habrían sido golpeados con puños, pies, bastones institucionales y las culatas de las pistolas por parte del personal penitenciario.
El INDH, que visitó a los reclusos al día siguiente, constató las lesiones sufridas por los cuatro internos, quienes identificaron a varios de los gendarmes involucrados en la agresión. Actualmente, los funcionarios señalados, junto con el alcaide Freddy Meza, se encuentran suspendidos de sus cargos.
La presentación de la querella se realizó luego de que la abogada del INDH, Marlys Saldivia Oyarzún, anunciara la denuncia por apremios ilegítimos ante la Fiscalía. Dos de los internos agredidos fueron trasladados al Hospital de Punta Arenas, mientras que los otros dos recibieron atención en la enfermería del penal. Las pruebas fotográficas de las lesiones se adjuntaron a la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
