La reciente formalización de un exfuncionario de la Delegación Presidencial de la Provincia de Última Esperanza ha generado confusión en la opinión pública. Aunque las autoridades aseguraron que, tras la denuncia, el acusado fue suspendido de sus funciones, algunos trabajadores afirman que se mantuvo en el cargo hasta su formalización y que, durante la investigación previa, el imputado permaneció con licencia médica.
El delegado presidencial José Ruíz explicó que, desde el primer momento en que se tomó conocimiento de los hechos, se adoptaron medidas tanto administrativas como penales, asegurando el resguardo y asistencia de la víctima. "Desde que se conocieron los hechos, se ejercieron acciones inmediatas, resguardando a la víctima y evitando su revictimización. Desde el primer momento solicitamos la renuncia del acusado y, al no concretarse, se instruyó un sumario con suspensión inmediata", señaló Ruíz.
Según la autoridad, el sumario tuvo una duración de tres meses, concluyendo con la destitución del funcionario, quien posteriormente enfrentó la justicia. "También ejercimos acciones penales. Como Delegación Presidencial Provincial, el 16 de agosto presentamos la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) por el delito de violación, acompañando a la víctima en todo momento. Como Gobierno hemos tomado acciones concretas desde el primer día para proteger a la víctima", agregó.
Este miércoles, el Tribunal de Garantía de Puerto Natales dio a conocer la medida cautelar impuesta al imputado tras su audiencia de formalización, luego de que el Ministerio Público solicitara la prisión preventiva. "Siempre bajo el debido proceso y la normativa vigente, sostenemos el principio de transparencia y rigurosidad ante cualquier hecho de esta naturaleza", concluyó Ruíz.
