El lunes 23 de septiembre, una estudiante de nueve años y que cursa tercero básico de la escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas, vivió una experiencia aterradora cuando un hombre desconocido la acosó desde el exterior del hall de espera del recinto educativo. La joven, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, relató a su madre que el hombre le hizo gestos inapropiados, le lanzó besos y se pasó la lengua por los labios, lo que le causó un profundo miedo.
La madre de la estudiante, preocupada por la seguridad y el bienestar emocional de su hija, decidió informar a las autoridades de la escuela. El jueves 26 de septiembre, se reunió con la profesora jefe y la inspectora del escuela para relatar lo sucedido. Aunque inicialmente se sugirió que podría tratarse de un “saludo malinterpretado”, se procedió a investigar el incidente. La estudiante logró identificar al hombre, quien resultó ser un apoderado.
A pesar de la identificación del sospechoso, la inspectora de la escuela informó que no se realizaría una denuncia formal a Carabineros debido a la falta de evidencia tangible, como fotos o videos del incidente. La madre de la estudiante, decidida a buscar justicia, acudió a la Primera Comisaría de Punta Arenas, el viernes 27 de septiembre para presentar una denuncia formal. Sin embargo, al regresar a la escuela con Carabineros, la inspectora se negó a proporcionar la información del hombre identificado.
Ante la falta de acción por parte de la escuela, la madre presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación, argumentando que la escuela no ha tomado medidas adecuadas para proteger a su hija ni ha ofrecido apoyo psicológico. La estudiante ha dejado de asistir a la escuela debido al miedo y la falta de seguimiento por parte de las autoridades escolares.
La madre también solicitó informes y documentos sobre las acciones del colegio, pero el primer informe no mencionaba el incidente. Posteriormente, se solicitó que la estudiante fuera derivada a la Oficina de Protección de Derechos (OPD), pero esta solicitud fue rechazada por no tratarse de un caso de vulneración intrafamiliar.
Actualmente, la denuncia está en manos de la Fiscalía, y la madre desconoce si el colegio ha realizado alguna denuncia formal. A pesar de la gravedad del asunto, el colegio no ha tomado contacto con la familia ni ha informado sobre acciones posteriores. Además, las cámaras de vigilancia fueron instaladas recién el viernes 27 de septiembre, después de que la madre acudiera con Carabineros, lo que podría haber sido crucial para obtener evidencia del incidente.
La madre de la estudiante exige que se tomen medidas concretas para proteger a su hija y que se investigue a fondo lo sucedido. “Es importante que se dé a conocer que el colegio ha bajado el perfil de la situación, emitiendo un comunicado que afirma haber activado los protocolos correspondientes, cuando en realidad no han hecho nada concreto para proteger a mi hija o investigar a fondo lo sucedido”, declaró.