La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha dictado un fallo unánime (causa rol 492-2023) en el que ordena al Fisco de Chile indemnizar a 11 víctimas de detención ilegal y torturas sufridas durante el año 1973. La Primera Sala del tribunal, integrada por el ministro Marcos Kusanovic Antinopai, la ministra Caroline Turner González y el abogado (i) Carlos Abarzúa Villegas, revocó una sentencia anterior del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, que había rechazado la demanda en su totalidad.
El fallo establece que los hechos que fundamentan la demanda están acreditados en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, que documenta el sufrimiento de las demandantes, quienes sufrieron detención ilegal, tortura física y psicológica, incomunicación, amenazas, hostigamiento y otros vejámenes por parte de agentes del Estado.
En el fallo se detalla que “los padecimientos sufridos por las demandantes se prolongaron por semanas o meses, según cada caso particular, dejándoles profundas secuelas físicas y psicológicas que han perdurado hasta la actualidad, afectando gravemente su desarrollo vital y proyecto de vida”.
El tribunal enfatizó que el daño moral debe ser acreditado y que no existe duda de que las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente aquellas que fueron recluidas ilegalmente y sufrieron maltratos, experimentaron un daño moral inconmensurable, el cual no requiere prueba adicional, ya que el sentido común lo respalda.
La resolución concluye que, habiéndose acreditado los hechos y el daño moral sufrido, “procede acoger la acción indemnizatoria interpuesta”.
El fallo también destaca que la indemnización por daño moral es compatible con los beneficios otorgados por la Ley N° 19.992 y otras normas reparatorias, argumentando que estas poseen distintas naturalezas y finalidades. El tribunal aclara que el Fisco reconoce la necesidad de reparación y el deterioro de la situación de las víctimas, quienes han recibido esfuerzos de compensación del Estado, aunque esto no reemplaza la indemnización que se debe pagar.
Respecto al monto de la indemnización, se establece que, considerando la magnitud del daño, la aflicción sufrida, el tiempo transcurrido y las consecuencias que perduran, la suma se fija prudencialmente en $100.000.000 (cien millones de pesos) para cada una de las demandantes.
Las ex presas políticas que presentaron esta demanda son: Eliana Díaz Guerrero, Yolanda Álvarez Vidal, Nancy Águila Barría, Flor Millacari Sepúlveda, Ilse Marín, Valentina Carrasco Garrido, Laura Eyzaguirre Macías, María Isabel Eyzaguirre Macías, Ester Huala Arcos, Haydée Alvarado Montero y Norma Aqueveque Cárdenas.
