Uno de los objetivos principales de la Ley es homogeneizar la capacitación tanto de guardias como de vigilantes para asegurar que ambos roles se cumplan de forma regulada y profesionalizada.
El rol de la seguridad privada en Chile está dando un giro importante en los últimos meses como una respuesta a la creciente ola de delincuencia en el país. En concreto, hablamos de la publicación de la Ley N° 21.659, cuya entrada en vigencia se espera que ocurra de lleno en el último trimestre del año.
¿De qué se trata esta ley?
Esta ley, aprobada a finales de noviembre del año pasado, y que estuvo en tramitación durante 14 años, tiene como objetivo central la modernización de los estándares bajo los cuales se ciñen las fuerzas de seguridad privada en el país. Para esto, buscan que las empresas, así como guardias y vigilantes, se integren mejor con las fuerzas de seguridad pública.
Según las autoridades, el proceso de redacción de esta nueva legislación habría tenido como inspiración un amplio número de leyes sobre seguridad privada de todo el mundo con el objetivo de incentivar las mejores prácticas en nuestro país. Entre los cambios que se plantean se encuentran los siguientes:
Mayor capacitación para guardias y vigilantes
Uno de los aspectos más importantes de la Ley es la homogeneización parcial de los requerimientos formativos de los guardias de seguridad y los vigilantes privados. Aunque la Ley sigue admitiendo que ambos profesionales cumplan roles distintos, su formación debe ser muy similar, asegurando que ambos cumplan con los estándares mínimos para estar a cargo de la protección de la vida de las personas.
Si bien esta incrementa los requisitos con los que estos deben cumplir para poder brindar servicios de seguridad, también busca mejorar las condiciones de trabajo, exigiendo un mejor seguro de vida y permitiendo el uso de cámaras personales en caso de realizar actividades riesgosas.
Seguridad privada y pública
La Ley afirma que las personas naturales y jurídicas que ofrezcan servicios de seguridad privada cumplirán un "rol preventivo, coadyuvante y complementario de la seguridad pública". Para esto, la ley contempla las siguientes obligaciones:
- Adherirse a las normas e instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- Coordinar actividades en conjunto con Carabineros de Chile.
- Brindar toda la información disponible sobre los autores de hechos delictivos a las autoridades pertinentes.
- Denunciar todos los delitos en un periodo no superior a las 24 horas.
- Respetar y proteger los derechos humanos.
Con el objetivo de que los proveedores cumplan con todos estos requerimientos, la Ley brinda nuevas funciones a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Regulación de eventos públicos
Uno de los segmentos más extensos de la Ley tiene como objetivo regular con mayor intensidad la autorización de eventos públicos, solicitando no solo más información a los organizadores, sino obligando a inversiones adicionales que permitan brindar mayor seguridad a los asistentes. La Ley determina así cuáles son los deberes de los organizadores, así como nuevos requisitos para el proceso de autorización.
Mayor inversión en videovigilancia
En el artículo 70, la Ley también deja en claro que es responsabilidad de las empresas la instalación de cámaras de seguridad empresariales al proveer servicios de seguridad privada para eventos. En caso de que estas ya estén instaladas, la empresa también tendrá que brindar monitoreo permanente, así como guardar los videos durante un periodo de tiempo estipulado.
Castigo mayor para quienes ataquen a un guardia
La Ley también eleva la pena máxima para aquellas personas que causen lesiones a los guardias de seguridad. En caso de lesiones leves, la pena máxima pasa de los 540 días a los 3 años; en el caso de lesiones graves, esta incrementa de los 3 a los 5 años.
¿Cuándo comenzará a implementarse?
Como lo mencionamos, la ley tiene prevista su entrada en vigencia 6 meses luego de su publicación (marzo), por lo que esto ocurriría aproximadamente en septiembre. Sin embargo, parte de la ley especifica que parte de los cambios deben realizarse de manera gradual, ya que su aplicación instantánea no sería práctica.
En parte, se debe a la necesidad de las empresas de llevar a cabo un proceso de planificación y formación previo con el que puedan asegurar que el personal se ciña a la nueva regulación de forma adecuada. Por otro lado, ya que esta funcionará como complemento a las fuerzas de seguridad pública, este proceso de integración puede ser mucho más retador si se inicia de forma abrupta.
A falta de su implementación práctica, resulta imposible determinar el éxito de lo establecido por la nueva Ley. Sin embargo, de cumplirse a cabalidad, podemos estar frente a un cambio importante en la calidad de los servicios de seguridad privada en el país, así como del rol de las fuerzas de seguridad en la protección de viviendas, negocios, edificios de oficinas y eventos públicos.
