Después de dos años de la muerte de Tomás Bravo, existe solo un imputado en el caso que inicialmente se le adjudicó el delito de homicidio, por el que el Ministerio Público solicitaba una pena de 10 años y un día de cárcel.
Sin embargo, a falta de pruebas, ese cargo fue desestimado y ahora se le acusa de abandono de menor con resultado de muerte.
En ese contexto, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, sostuvo en conversación con Radio Bío Bío que fue solicitada la misma pena exigida anteriormente; es decir, los 10 años y un día de presidio.
Pero eso no es todo, ya que la Defensoría Penal Pública presentó recientemente un recurso de amparo en favor de Escobar, donde se apunta que la reformalización fue “ilegal y arbitraria”, por lo que solicitan reabrir la investigación.
