La Fiscalía Nacional reveló este miércoles un informe de su División de Contraloría Interna que identificó a 42 personas con contrato vigente en el Ministerio Público que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa entre los años 2022 y 2025.
Del total de casos detectados, 10 corresponden a fiscales y 32 a funcionarios de diversas áreas del organismo, incluyendo personal administrativo, abogados asistentes y asesores, técnicos y auxiliares. La investigación se realizó a través de un cruce de información entre la Policía de Investigaciones (PDI) —mediante la Resolución Exenta N°376— y la División de Personas del Ministerio Público, con el fin de detectar posibles infracciones a los principios de probidad y deberes funcionarios.
Los casos se distribuyen en 11 regiones del país, aunque el informe aclara que no se identificaron funcionarios dependientes directamente de la Fiscalía Nacional entre los involucrados.
Como parte del proceso, las fiscalías regionales correspondientes recibieron los antecedentes para evaluar la situación de sus respectivos funcionarios y definir las medidas administrativas que correspondan, entre ellas la solicitud de informes, apertura de sumarios o eventuales sanciones disciplinarias.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a los hechos señalando que el organismo ha actuado conforme a su mandato legal y que no habrá espacio para tolerar irregularidades al interior de la institución. “Solicitamos a la División de Contraloría Interna que investigara si había situaciones de funcionarios del Ministerio Público que hubiesen viajado al extranjero durante la vigencia de una licencia médica. Como consecuencia de ese trabajo detectamos un conjunto de casos que fueron remitidos a las fiscalías regionales para que se investigue una eventual responsabilidad disciplinaria y se ejerzan las sanciones más severas si corresponde”, declaró Valencia.
El jefe del Ministerio Público subrayó además el principio de ejemplaridad que debe guiar a la institución: “En el Ministerio Público no solo velamos por la correcta aplicación de la ley penal, sino que también debemos respetarla. Si la hacemos cumplir, también debemos dar el ejemplo de cómo esa ley debe acatarse, incluso cuando se aplica a quienes trabajamos en la propia institución”.
