El presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tras la controversia generada por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia, Santiago, con el propósito de convertirla en museo. La decisión, que buscaba adquirir la vivienda por un valor de $933 millones de pesos (USD 926 mil), desencadenó una ola de críticas que obligó al mandatario a desistir del proyecto.
El escándalo estalló a inicios de 2025, tras revelarse que la vivienda es propiedad de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del expresidente Allende, y la senadora Isabel Allende (PS). Según la Constitución chilena, los ministros y parlamentarios están impedidos de celebrar contratos con el Estado durante el ejercicio de sus cargos.
La Carta Magna establece que los ministros: “Estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
Asimismo, los parlamentarios podrían cesar en sus funciones si: “Celebran contratos con el Estado, actúan como procuradores o agentes en gestiones administrativas relacionadas con empleos públicos, consejerías o funciones similares”.
Estas disposiciones fueron claves para el rechazo público y político al proyecto.
Desde el Polo Sur, donde se encuentra en una visita oficial, el presidente Boric anunció que el Gobierno daba marcha atrás en la adquisición de la casa. “Debido a una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda, se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado. Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado. Eso jamás lo permitiría”, declaró enfáticamente.
El caso ha generado un duro golpe para el Gobierno, salpicando también a la senadora Isabel Allende y profundizando las críticas de la oposición. La renuncia de Marcela Sandoval se interpreta como una medida para mitigar el impacto político y restaurar la confianza en la administración.
