Este lunes el Gobierno anunció que entregará todos los antecedentes de las fundaciones que han colaborado con el Ejecutivo en los últimos cinco años, incluyendo la administración anterior, como respuesta al escándalo del caso Convenios.
La ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que esta investigación será exhaustiva y que se formará un equipo de expertos para abordar la integridad pública. “El Gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todos quienes tengan responsabilidad, asuman su responsabilidad”, aseguró.
Luego, sostuvo que “si la responsabilidad es política, la responsabilidad política se hace valer. Si la responsabilidad administrativa, la responsabilidad administrativa se hace valer a través de investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos”.
“Si la responsabilidad es penal, entonces es la Justicia, la que te debe determinar quién cometió un delito, qué tipo de delito cometió y cuáles son las sanciones o penas asociadas a ese delito”, sumó.
Asimismo, indicó que “Como Gobierno hemos actuado, porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga y quien tenga que asumir su responsabilidad. Esto no se trata de superioridad moral ni nada por el estilo, se trata de cómo actuamos frente a este tipo de situaciones”.
“Esperamos que ese estándar siempre se cumpla, sea para los casos propios, como sea para los casos que involucran a otro sector político”, continuó, según recoge Radio Bío Bío.
Mencionó que “por lo mismo hemos procedido no solo establecer responsabilidad política, sino que también hemos iniciado, cada vez que sea necesario, investigaciones sumarias, sumarios administrativos y hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en la entrega de toda la información correspondiente”.
Gobierno extenderá a la administración Piñera investigación por caso fundaciones
Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el de Justicia, Luis Cordero, iniciaron un proceso para recabar información de todas las fundaciones involucradas en acusaciones.
Sin embargo, advirtió que “cada requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad. Insistimos, esto tiene que ser caiga quien caiga”.
A la vez, la ministra Vallejo informó la conformación de un equipo de expertos “para la probidad y la integridad institucional”, que tendrá 45 días para “establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro”.
“Estamos hablando de fundaciones y corporaciones donde primen los principios de transparencia, de efectividad, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo”.
Entre los objetivos del grupo de expertos, está “identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado”.
Así también “proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la vinculación de dichas instituciones con el Estado, que faciliten el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades”.
“En tercer lugar, proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones privadas sin fines de lucro colaboradoras del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos”, dijo Vallejo.
Del mismo modo, se incluye “revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses y, en último lugar, proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas”.
Gobierno informa sobre nuevos proyectos de ley
La ministra Camila Vallejo destacó que el Gobierno ya cuenta con una agenda legislativa enfocada en la probidad y transparencia, la cual se fortalecerá con iniciativas en curso, como el Estatuto de Protección a Denunciantes de Corrupción y el proyecto sobre Integridad Municipal.
Además, se anunciaron nuevas propuestas, como la reforma al Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, regulación del conflicto de intereses y la prohibición de la “Puerta giratoria”. También se impulsarán leyes para elevar los estándares de integridad en el lobby y en el ejercicio de influencias particulares, así como una Ley de Transparencia 2.0.
