10 de julio de 2021

Comunidad educativa de la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa critican públicamente la gestión de su directora Graciela Illanes

Ante vulneraciones de derechos fundamentales y determinaciones arbitrarias.

Una gran polémica se generó en la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, luego de que distintos miembros de la comunidad educativa del establecimiento municipal emitieran un comunicado público contra la directora del establecimiento, Graciela Illanes Zúñiga. Según expresan, debido al no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del empleador Corporación Municipal de Punta Arenas, exigen a las autoridades comunales tomar las medidas necesarias contra la mandamás de la escuela rural.


"ante vulneraciones de derechos fundamentales y determinaciones arbitrarias e inconsultas en un contexto de prácticas antilaborales, antigremiales, y antipedagógicas. Por medio de este comunicado, denunciamos una serie de hechos y situaciones graves, que atentan contra la dignidad de las personas y que se han suscitado de manera sistemática durante sus 4 años de gestión, en complicidad de integrantes de su equipo directivo; que callan, omiten y avalan sus malas prácticas; lo que se ha traducido en una constante tensión entre los distintos actores de la comunidad educativa, poniendo en serio riesgo la integralidad física y psicológica de quienes hemos decidido denunciar las malas prácticas, que han perjudicado el clima de sana convivencia escolar y que se agravan aún más, en un contexto de Pandemia.", señalan en el escrito.


Es así como hacen un llamado a la comunidad ha sintonizar con sus sentidas demandas, frente a la falta de empatía y frivolidad, de quienes deberían resguardar la integralidad de sus trabajadores y trabajadoras, de los padres y madres que depositan la confianza en los proyectos educativos, y en especial, el derecho a la educación de sus hijos e hijas, sus estudiantes.


Según explican, dentro de las malas prácticas empleadas por la dirección del establecimiento, detallan:

1.- Hostigamiento y vulneración de derechos fundamentales.

2.- Disminución de cargas horarias a docentes sin justificación y de manera arbitraria.

3.- Amenazas y agobio laboral.

4.- Denuncias formales injustificadas y desconocimiento de protocolos internos.

5.- Amonestaciones arbitrarias e injustificadas.

6.- Tildar a docentes de “falta de vocación” en discurso de licenciatura frente a la comunidad educativa.

7.- Flexibilidad en horario laboral y escasa participación del orientador del establecimiento, cónyuge de directora, autorizado arbitrariamente (por dirección).

8.- Incumplimiento de reposo legal, de pre y post natal.

9.- Suspensión de todas las actividades pedagógicas, consejos de profesores y coordinaciones, de manera arbitraria, en los meses de junio a septiembre del 2020 hasta que se le solicitó por parte de Deprov realizar clases online.

9.- Constante suspensiones injustificadas de consejos y coordinaciones de profesores.

10.- Suspensión de funciones a dupla psicosocial 2020.

11.- Desacreditar la labor del inspector general sobre la fase estratégica del PME 2020 y modificaciones al trabajo realizado por el profesional junto a Deprov y Cormupa, invalidando el proceso y calificándolo como “negligente” en reunión de Equipo de Gestión (año 2020).

12.- Malas prácticas laborales en el ámbito pedagógico, cambiando de manera brusca los horarios de clases.

13.- Falta de recursos para docentes y estudiantes para la implementación de actividades pedagógicas.

14.- Citar a reunión de carácter urgente para docentes en periodo de vacaciones (año 2021).

15.- Deficiente organización en actividades pedagógicas y suspensión de actividades – clases continuamente el año 2019 sin previa autorización de Deprov e insuficiente análisis y propuestas de mejora, pese a obtener bajos resultados en las últimas pruebas estandarizadas.

16.- Cambios constantes en cuerpo docente y equipo directivo, incluyendo renuncias y/o solicitudes de cambio de personal.

17.- Ocasionar estrés constantemente a estudiantes y apoderados, tras incertidumbres y cambios repentinos en horarios y modalidades en las clases.

18.- Trato “arrogante” con miembros del centro de padres.

19.- No implementar proyecto de Radio Escolar, adjudicado con los recursos municipales en el marco de los proyectos PAIC del año 2017, donde se le entregó equipamiento por parte del centro de padres y apoderados del establecimiento el año 2018 por un total de $3,8 M CLP.

20.- Ausentarse durante una semana junto al orientador en período lectivo, para realizar viaje al extranjero.

21.- Menosprecio a secretaria al finalizar su periodo de post-natal, realizando cambio de oficina y disminución de funciones.

24. Dificultad para establecer comunicación efectiva y seguir conductos regulares con docentes y/o apoderados.

25. Implementar JEC-artístico cultural con rotación continua de docentes y modificaciones con fundamentos deficientes el año 2021.

26. Desautorizar a Equipo de Convivencia Escolar.

27.- Prestar servicios de sanitización en edificio de administración central de corporación municipal de Punta Arenas, a cargo del cónyuge (orientador del establecimiento), con una empresa asociada a ambos.

28.- Imposición de clases presenciales en los cursos 5° y 8°, sin autorización de Cormupa, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa

29.- Amenazas y malos tratos a integrantes del centro de padres y apoderados, frente a la solicitud de dirección del establecimiento de financiar con sus recursos, facturas de insumos para materiales pedagógicos y administrativos que son responsabilidad del establecimiento y por ende del empleador.

30.- No respetar las directrices que emanan desde Cormupa en relación a lo pedagógico, faltas administrativas y vulneraciones.