21 de abril de 2022

CorteIDH condenó al Estado de Chile por discriminar a profesora por su orientación sexual

Deberá adecuar su normativa, además de pagar una indemnización.

Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Chile por el trato discriminatorio que vivió la docente de religión Sandra Pavez Pavez, a quien destituyeron de su cargo por su orientación sexual en 2007.

La sentencia indica que Chile es responsable internacional por la vulneración a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo al destituirla de profesora, empleo que desempeñaba hace 22 años.

Según consignó el portal de BioBio, desde 1985, Pavez era profesora de religión católica en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, un establecimiento educacional público, pero el 25 de julio de 2007 la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo anuló su certificado de idoneidad, documento requerido por el Ministerio de Educación para ejercer como profesora de religión, con base en su condición sexual.

Debido a esto, la profesora no ha podido dictar clases en ninguna entidad educacional, razón por la que interpuso un recurso de protección contra la decisión de la Vicaría, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel y  confirmada por la Corte Suprema de Chile.

“La CorteIDH constató que las afectaciones a los derechos a la libertad personal y a la vida privada de Sandra Pavez Pavez fueron producto de un trato diferente basado en su orientación sexual (..) El tribunal consideró que la decisión de las autoridades del Colegio mediante la cual se separó del cargo a la señora Pavez y se le asignaron funciones distintas a las de profesora de religión católica vulneró el principio de igualdad y no discriminación”, dice la sentencia.

La Corte Interamericana ordenó al Estado de Chileadecuar su normativa sobre la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la impugnación de las decisiones de los establecimientos educativos, así como pagar indemnización por daños materiales e inmateriales.

La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que sus resoluciones deben ser aceptadas y ejecutadas para los países que reconocieron su jurisprudencia.

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