Un fuerte rechazo ha generado el reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, lo que ha sido calificado como un posible fraude al fisco.
En la Región de Magallanes, ya se ha interpuesto una querella criminal para determinar responsabilidades. El abogado Robinson Quelín explicó que la legislación contempla sanciones severas para los funcionarios públicos que hagan un uso indebido de licencias médicas, establecidas en el Artículo 239 del Código Penal, que sanciona el fraude al fisco con penas que van desde 541 días hasta cinco años de presidio, dependiendo de la gravedad del caso. “Se pidió al Juzgado de Garantía de Punta Arenas remitir los antecedentes para que la Fiscalía ordene las diligencias investigativas”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba, manifestó su preocupación por el daño reputacional que afecta a todo el sector público: “Siempre nos echan la culpa a los funcionarios públicos, pero esto involucra a todos los ámbitos, desde las Fuerzas Armadas hasta Educación. Nosotros estamos trabajando desde diciembre con el Gobierno en una mesa sobre ausentismo y también pedimos que se fiscalicen estas licencias”.
A nivel nacional, la situación ha motivado acciones inmediatas. La Fiscalía Nacional abrió una investigación y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya se encuentra trabajando activamente en el caso. El senador Juan Luis Castro destacó que el CDE lleva más de dos años coordinando con el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, COMPIN y el Colegio Médico, precisamente para perseguir penalmente estos fraudes. “No es que se estén sorprendiendo ahora. El CDE está plenamente disponible para activar todas las acciones que permitan proteger los fondos públicos”, señaló.
Desde la Superintendencia de Seguridad Social, su titular Pamela Gana aclaró que en casos de licencias médicas psiquiátricas se puede salir del domicilio por razones terapéuticas, pero solo dentro del territorio nacional. “Si la salida se realiza fuera del país, esa licencia puede ser rechazada. Hemos tomado varias acciones, como transparentar reportes y mejorar coordinaciones con otros entes estatales”, indicó.
A nivel local, el informe de Contraloría también reveló que la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) y la Corporación Municipal de Natales están entre las diez entidades con mayor número de licencias médicas irregulares en Chile, lo que ha puesto un foco de atención especial sobre ambas instituciones.
Se espera que en los próximos días se inicien sumarios administrativos, mientras avanza la investigación penal a nivel nacional, en uno de los casos más relevantes de presunto fraude en el sistema público de salud de los últimos años.
