Durante la cuarta sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Punta Arenas, realizada la tarde del martes, se votó la propuesta para contratar, mediante trato directo, a un estudio jurídico externo que se encargaría de presentar una demanda civil ante la Corte Suprema en contra de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), con el objetivo de frenar los descuentos que este organismo ha aplicado a la municipalidad.
La moción fue rechazada por cinco votos, mientras una concejala se abstuvo. Solo tres concejales votaron a favor, incluyendo al alcalde Claudio Radonich, quien impulsó la iniciativa.
Entre quienes se opusieron, la concejala Alicia Stipicic cuestionó tanto el fondo como la forma de la contratación. “Primero, porque tenemos un gran equipo jurídico: cinco abogados contratados por la Municipalidad de Punta Arenas, y según el artículo 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ellos deben ejercer nuestra defensa jurídica. Segundo, inicialmente hubo una licitación pública por 28 millones de pesos que se cayó, y luego apareció un trato directo por casi 80 millones, el doble del monto. Y por último, señalar que hoy la tramitación judicial puede hacerse en línea, por lo que no es imprescindible contar con un estudio en Santiago”, explicó.
En tanto, el concejal Germán Flores respaldó la idea del alcalde, advirtiendo que hay importantes recursos en juego. “Vamos a perder muchos recursos, y hay que resguardarlos. Respeto la votación de los colegas, pero muchos se basaron en un dictamen de la Contraloría respecto a un caso en Porvenir que no tiene relación con esta situación. La ley permite contratar estudios jurídicos externos para casos específicos, y este lo es: se trata de una acción ante la Corte Suprema, que no está en nuestra ciudad, por lo que debemos ser representados en Santiago”, señaló.
El origen del problema radica en los más de 400 millones de pesos que la Municipalidad de Punta Arenas debe devolver a la DIPRES, luego de una disputa judicial que perdió ante el organismo técnico. Dicho pago está programado para julio, por lo que la administración buscaba alternativas legales para intentar revertir o aplazar la medida.
Con el rechazo del Concejo a contratar el estudio externo, la defensa deberá ser asumida por el equipo jurídico municipal, aunque no se descarta que surjan nuevas propuestas en las próximas sesiones.
