Con el término de la Operación Renta 2025 en abril, la Contraloría General de la República ejecutó retenciones automáticas a los contribuyentes con deudas por pensión de alimentos, como parte de las herramientas legales que buscan garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir los aportes económicos que les corresponden.
A nivel nacional, 23.571 personas vieron retenidas sus devoluciones, sumando un total de $4.390 millones en saldos a favor derivados de la declaración de impuestos. Esta es la segunda vez que se aplica esta medida, en el marco de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que busca combatir el abandono parental y fortalecer el apoyo a quienes crían de forma individual.
La medida ha sido valorada por autoridades y organizaciones sociales como un avance estructural frente a un problema histórico en el país. La retención se realiza en cada uno de los tres pagos que contempla la devolución de impuestos, mientras persista la deuda.
El llamado a quienes mantienen deudas es a regularizar su situación, ingresando a la plataforma del Poder Judicial mediante el sistema “Trámite Fácil”, que permite dar agilidad a los procesos relacionados con alimentos.
En paralelo, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, vigente desde fines de 2022, sanciona la morosidad limitando el acceso a créditos, beneficios estatales, licencias de conducir y otros trámites, fomentando así el pago de las deudas.
Estas medidas buscan reducir la evasión del deber parental, promover la corresponsabilidad en la crianza y asegurar que los niños y adolescentes reciban el sustento económico que por derecho les corresponde.
