La reciente compra de la residencia de Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales ha desatado una fuerte controversia política, que derivó en la salida de la ministra de dicha cartera, Marcela Sandoval (FA). El inmueble, adquirido por cerca de mil millones de pesos, ha sido objeto de críticas debido a supuestas irregularidades en la operación, las cuales han puesto en el centro del debate el cumplimiento de la Constitución.
El senador Alejandro Kusanovic expresó su preocupación por lo que considera una infracción grave a las disposiciones constitucionales. "La Constitución, en los artículos 37 bis y 60, es muy clara al señalar que la sola suscripción de contratos con el Estado es causal de cese en el cargo. Infringir la Constitución es muy grave y debe haber sanciones", enfatizó el parlamentario.
El caso involucra a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, quienes participaron en la suscripción del contrato de compraventa, acción que según Kusanovic, contraviene las disposiciones legales que prohíben este tipo de operaciones por parte de autoridades en ejercicio.
Kusanovic también cuestionó las explicaciones entregadas por el Gobierno y el oficialismo, quienes han argumentado que la operación no generó perjuicio para el Estado y que el contrato no produjo efectos. "Se ponen a inventar cuentos con interpretaciones muy convenientes, pero aquí la sola suscripción de esa compraventa ya es una infracción constitucional. Si el Congreso y los partidos políticos no hacen cumplir la Constitución, ¿cómo pueden pretender que los ciudadanos lo hagan?", afirmó.
El senador insistió en que el caso representa un claro incumplimiento de las normas y que, a pesar de las defensas esgrimidas, el contrato existió y tuvo efectos. "El contrato no es un invento, existe y tuvo consecuencias tan evidentes que ahora lo quieren rescindir. Esto es contradictorio con las explicaciones oficiales y deja en evidencia la gravedad de lo ocurrido", añadió.
El parlamentario expresó su escepticismo respecto de la postura que pueda adoptar el Tribunal Constitucional en este caso, advirtiendo sobre posibles sesgos políticos en la resolución. Sin embargo, subrayó que los hechos son contundentes. "La fuerza de los hechos debe prevalecer sobre el amiguismo político. Aquí hay un contrato que fue suscrito por autoridades que la Constitución expresamente prohíbe, y eso no se puede justificar", concluyó.
