El Tercer Tribunal de Letras de Punta Arenas emitió un fallo histórico condenando al Fisco a indemnizar con 100 millones de pesos a Arturo Soto Barría por el daño moral sufrido debido a violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas constituyó parcialmente la sentencia, en la que se reconoce que Soto Barría fue víctima de violación de sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas durante el mencionado período. La sentencia también reconoce su calidad de víctima según el listado establecido por la Comisión Valech I.
El fallo, emitido por la Primera Sala del tribunal de alzada, muestra la división en la decisión. Se estimó que el Consejo de Defensa del Estado debía eximirse del pago de las costas del proceso, argumentando que la defensa del interés fiscal es una obligación estatal y se requería un motivo plausible para litigar.
Aunque los hechos ocurrieron entre 1973 y 1974, el tribunal consideró que el daño moral sufrido por Soto Barría sigue teniendo repercusiones en el presente, respaldado por las pruebas presentadas en el caso.
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El fallo establece que el daño moral sufrido como consecuencia de estos episodios sigue siendo evidente hasta el día de hoy, especialmente si se considera los sufrimientos a los que fue sometido y que están debidamente acreditados en el caso. La sentencia marca un hito en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
